El tratado del 1967, ratificado por EEUU, la Unión Soviética y otras 126 naciones, no prohibía el uso de la Luna ni de sus recursos, sino que enfatizaba la importancia de la cooperación internacional y de que cualquier país que lo deseara pudiera tener libre acceso al espacio.
Los países firmantes también se comprometían a no causar daños ni contaminar las áreas exploradas, así como a no llevar ningún tipo de armamento y a utilizar el espacio con fines pacíficos. "Los astronautas serán considerados como enviados de la humanidad", decía uno de los puntos del acuerdo.
Sólo EEUU y Rusia han puesto vehículos en la superficie lunar (el último, hace 37 años, fue el soviético Luna-24). Sin embargo los planes anunciados por China y otros países, así como por empresas privadas, están volviendo a poner a nuestro satélite de actualidad. Según exponen esta semana en un artículo en la revista Science los científicos Henry R. Hertzfeld y Scott N. Pace, del Instituto de Política Espacial de la Universidad George Washington, estos proyectos han vuelto a abrir el debate sobre la actividad comercial y el uso de los recursos que harán de nuestro satélite.
Pero sobre todo, estos investigadores muestran su preocupación por una polémica iniciativa legislativa introducida en el Congreso estadounidense el pasado 8 de julio. La Apollo Lunar Landing Legacy Act propone que los lugares en los que alunizaron las seis misiones que la NASA llevó a cabo desde 1969 a 1972 (Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17) sean considerados como Parques Nacionales de EEUU para garantizar su conservación y preservar su valor histórico.
El debate científico sobre cuál es la mejor manera de conservar los sitios históricos donde los astronautas colocaron sus banderas y sus instrumentos está abierto. Hertzfeld y Pace defienden que en lugar de una iniciativa nacional y unilateral, como el texto propuesto en julio, se debe llegar a un acuerdo entre los países con intereses en nuestro satélite
Por Rojo
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